El gobierno
catalán ha vuelto a la carga por la independencia. Independentismo sostenido en
pactos parlamentarios, pero sin una masa social abrumadora. Si bien el gobierno
catalán ha estado liderado por el partido independentista Convergencia y Unión
–con la excepción de un hiato socialista entre 2003 y 2010– desde la transición
democrática en España, éste no ha contado con mayoría absoluta desde 1992,
antepenúltima legislatura, del ahora investigado por corrupción, Jordi Pujol.
Desde entonces
ha necesitado de pactos parlamentarios con diversos partidos políticos para
formar gobierno. Pactos que han incluido partidos no independentistas, como el
Partido Popular (PP), o partidos de izquierda, como Izquierda Republicana
(ERC). Precisamente, la necesidad de pactos para establecer un movimiento
independentista robusto ha desembocado en la creación de la plataforma de Junts
pel SÍ (Juntos por el SÍ). Sin embargo, y a pesar de la unión de los grupos
políticos independentistas, les fue imposible formar un gobierno parlamentario
sin la ayuda de la CUP (Candidatura de Unidad Popular), partido de izquierda
radical anti europeísta y anti capitalista.
Tras dos
primeras “consultas” en 2009 y 2014, la última denominada como tal ante la
negativa del Tribunal Constitucional de admitirla, se presentó esta nueva
iniciativa, a priori más agresiva y determinada que las anteriores. El nuevo
desafío independentista se desarrolla en medio de un mar de dudas, y de
tecnicismos legales, que parten desde el propio reconocimiento internacional de
un estado catalán hasta la inclusión de este en la unión monetaria europea.
Aspectos como el reconocimiento de la deuda con España, la situación de los
habitantes no catalanes o no independentistas en Cataluña, la estabilidad de un
gobierno de transición o la probable necesidad de una nueva moneda no hacen
sino generar más dudas que certezas sobre el proceso independentista y su
legitimidad.
El escenario
económico pese a indicar síntomas de recuperación, muestra ciertas señales de
fragilidad que podrían afectar tanto a España como a Cataluña de cara a
los sucesos futuros. Tanto la región como la nación han mostrado un incremento
notable en la razón deuda PIB desde el estallido de la crisis económica de
2008, de hecho se ha triplicado en el caso catalán y duplicado en el caso
español, reduciéndose en ambos casos ligeramente en 2016 (Ver gráfica 3). En
cuanto al PIB, la recuperación tomó lugar luego del 2013, la tasa de
crecimiento anual del PIB (ver gráfica 2) muestra que los síntomas de mejora
han sido más notables en la región catalana por sobre el agregado español. El
desempleo, por su parte mostró un pico importante en 2014, en los últimos años
se ha reducido ligeramente. Aun cuando en Cataluña la situación parece que ha
tenido una evolución un poco más favorable en ambos casos se encuentran lejos
de los niveles pre crisis (Ver gráfica 4).
Independencia
unilateral:
Una de las
alternativas más probables en este escenario es la llamada “declaración
unilateral de independencia” (DUI). Declaración realizada y suspendida, de
forma inmediata, el pasado 10 de octubre por el presidente de la presidente de
la Generalitat Carles Puigdemont, a pesar del disgusto de la CUP. Hechos
posteriores a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, mostrando
un 90% de los votos a favor de la independencia. Sin embargo, la baja
participación (43%), la falta de reconocimiento internacional y la ausencia de
supervisión arbitraria sobre el proceso han provocado interrogantes sobre la
validez del mismo.
A partir de la
“declaración” alrededor de 900 empresas han salido de Catalunya, se ha
acrecentado la división dentro de la población y se ha realizado un ultimátum
por parte del gobierno español hacia el Govern, ultimátum exigiendo una
aclaratoria sobre los hechos del 10 de octubre. El 21 de octubre, tras una
respuesta ambigua por parte de Puigdemont al ultimátum, el gobierno español
decidió aplicar el artículo 155
de la constitución española –que suspende la autonomía del gobierno catalán– y
solicitar al senado la aprobación de la solicitud de destitución del presidente
de la Generalitat y sus asesores, además de convocar elecciones
autonómicas en un máximo de seis meses.
Ahora bien,
tras lo sucedido en las últimas semanas parece más probable una DUI definitiva.
En caso de que el estado español no sea capaz de ejercer control institucional
sobre Cataluña, se allanaría el camino hacia una independencia de facto en
territorio catalán. De las alternativas independentistas, la de una DUI parece
la menos prometedora para un futuro estado republicano. Así, el 27 de octubre
el parlamento catalán aprobó la DUI y, casi de forma inmediata, el senado
español destituyó a las principales autoridades del gobierno catalán y convocó
elecciones autonómicas para diciembre.
Suponiendo que
el estado español no pueda retomar el control institucional sobre Cataluña, y
teniendo en cuenta que la DUI no ha encontrado apoyo en ningún estado europeo,
la prosperidad de la república catalana es, al menos, improbable. Se debe tener
en cuenta que el principal socio comercial de Cataluña es España –alrededor del
40% de las exportaciones totales catalanas van hacia otras comunidades
autónomas– y, a su vez, el 70% de las exportaciones encuentran destino dentro
de la UE (ver gráfica 1). Considerando que las exportaciones representan un 30%
del PIB catalán, una desconexión con el espacio europeo perjudica de forma
determinante el ingreso en la naciente República.
Por otro lado,
si bien el PIB catalán representa alrededor del 20% del producto español, la
deuda es uno de los mayores obstáculos en el futuro de la República. En la
actualidad, la deuda catalana representa un 35% del PIB, sin embargo, el peso
de la economía catalana sobre la española le otorgaría una quinta parte de la
deuda actual del estado español –de acuerdo a nuestros cálculos, la deuda
representaría alrededor del 130% del PIB–. Si bien, existe la posibilidad de
negociar con España, un no reconocimiento de la deuda disminuiría el acceso de
Cataluña al mercado del crédito internacional.
El difícil
acceso a los mercados internacionales se suma a la necesidad de adoptar una
moneda distinta al euro, ya que todas las opciones legales, que permitirían a
un Estado ajeno a la UE utilizar el euro como moneda oficial, se ven truncadas
ante la falta de reconocimiento y la necesidad de contar con la aprobación de
España en algunos casos –la adhesión a la UE debe ser por voto unánime de sus
miembros–. Casos como el de Andorra o Mónaco se alejan de la experiencia
catalana. Así el acceso al espacio Schengen parece el menos improbable, aunque
bajo la necesidad del reconocimiento internacional y el factor tiempo incluido
en las negociaciones.
En relación a
las finanzas públicas, de Cataluña, se destaca el hecho de que –junto a Madrid,
la comunidad Valenciana y Baleares– es contribuyente neto en los presupuestos
del Estado. Dicho de otra forma, aporta más ingresos que la cantidad de gasto
público que recibe –oscilan los 9.000 millones de euros, un 5% del PIB
catalán–. Sin embargo, una Cataluña independiente, si bien no aportaría a los
presupuestos del estado español, tendría que afrontar el costo del llamado
“Estado del Bienestar”, suponiendo que deseen mantener los beneficios sociales
presentes en España. Viendo únicamente el sistema de pensiones se refleja que
en el pasado año Cataluña tuvo un déficit de 5.000 millones de euros en la
seguridad social.
Considerando
que, el sistema de pensiones español funciona por medio de contribuciones
directas, implicando que el contribuyente actual sostiene a los beneficiarios
actuales, el cambio de sede social de las empresas –se estima que alrededor de
1.500 empresas han cambiado su sede social desde el 1 de octubre– no sólo
afecta la recaudación de impuestos, sino que a mediano plazo puede resultar
perjudicial sobre el nivel de empleo. Esto coloca en una posición incómoda a
los beneficiarios de la seguridad social en Cataluña, y al Estado del
Bienestar.
Lo descrito,
junto a los elementos implícitos en la constitución de un nuevo Estado, colocan
esta alternativa sobre cimientos de extrema fragilidad. La vehemencia que
expresan los principales representantes del independentismo sobre la
permanencia en la UE, con la excepción de la CUP, hacen sospechar del riesgo
que enfrenta una Cataluña fuera de la UE, y de España, al menos bajo la forma
de una DUI.
Independencia
pactada:
Aun cuando sea
una probabilidad mínima y quizás absurda dadas las circunstancias, Cataluña
podría lograr una independencia pactada con el Estado Español. Partiendo de
esto, la Generalitat de Cataluña ha preparado un manual titulado “Las vías de
integración de Catalunya en la Unión Europea” en donde señalan los escenarios
hipotéticos bajo los cuales se les permitirá seguir perteneciendo a la UE.
Haciendo un resumen de los mismos:
Permanencia: Sustentado con el
argumento de que Cataluña se trata de territorio que ya formó parte de la UE,
población goza ciudadanía europea
|
Adhesión ad hoc: la UE no acepta la
permanencia del nuevo Estado, pero abre proceso de adhesión para
mantener un máximo de relaciones jurídicas, económicas y políticas.
|
Adhesión ordinaria: UE acepta abrir de
manera inmediata proceso de adhesión como tercer estado.
|
Exclusión como Estado miembro: La UE se
niega a dar otorgamiento de candidato.
|
Cataluña
buscaría aferrarse de la "solución chipriota invertida" bajo la
cual por ser un Estado independiente reconocido de un país que pertenece a la
Unión Europea, gozarían de los mismos derechos y tendrían la puerta abierta
para formar parte de la misma.
Caso de Chipre:
En 2004 se convirtió en miembro de la
UE como una isla de facto dividida. La parte turco-chipriota y la parte
greco-chipriota no llegaron a un acuerdo por lo que, se decidió que toda la
isla sería miembro de la UE, pero que el derecho europeo sólo se aplicaría a
la parte greco-chipriota.
Los tratados de la UE sólo aplican a
una parte de la isla y los ciudadanos turco-chipriotas deben hacerse de la
nacionalidad para poder gozar de los derechos de sus compatriotas.
|
Las
posibilidades de esta opción se esfuman con las declaraciones de la Comisión
Europea, el actual Presidente del Consejo Europeo y algún alto funcionario del
Parlamento Europeo, han manifestado que los Tratados europeos dejarían
automáticamente de aplicarse en el territorio de un nuevo Estado fruto de una
separación de un Estado miembro de la Unión y, en consecuencia, que este nuevo
Estado, si quisiera integrarse en la UE, debería pedir su adhesión a la Unión.
Bajo este nuevo
panorama, Cataluña tendría que solicitar a la UE la adhesión y esta debería
aceptarlo, de esta forma, se uniría a la lista de candidatos como lo son
Islandia, Turquía, Macedonia, Montenegro y Croacia.
Condiciones básicas de la UE:
Primero: ser "un Estado
europeo" y compartir los valores fundamentales que inspiran el nacimiento
de la Unión.
Segundo: Poseer un modelo económico
occidental (existencia de una economía de mercado en funcionamiento, así como
la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del
mercado dentro de la Unión.
En cuanto a estos puntos
Cataluña tendría que enfrentarse a una
encrucijada en caso de tener que emitir su propia moneda, forzando a un
desequilibrio en la balanza de pago.
Un incremento en el costo de la deuda .
Cataluña independiente no puede vender
productos sin aranceles a la UE. Necesita Formar parte del EEE Espacio
Económico Europeo
Incremento en los precios al consumidor
por encarecimiento de importaciones y pérdida de poder del consumidor.
Incertidumbre en cuanto a inversión
extranjera.
Por otro lado,
si la UE rechaza iniciar el proceso de adhesión lo cual es bastante probable
dado que España hasta los momentos no muestra mínima disposición en reconocer
la independencia. La Generalitat afirma que:
“Esta falta de
reconocimiento impediría modificar el ámbito de aplicación de los Tratados de
la UE en el territorio de Catalunya y, por lo tanto, implicaría la vigencia y
aplicabilidad del derecho europeo en Catalunya y los catalanes, aunque
Catalunya hubiera declarado ya su independencia y hubiera empezado ya a actuar
como Estado independiente.”
¿Cataluña independiente fuera de la UE?
En caso de que
la UE no está dispuesta en aceptar a Cataluña. Necesitaría añadirse a la EFTA
(Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA en inglés) y, eventualmente, al EEE
(Espacio Económico Europeo), así como formar parte del espacio Schengen.
Además, debería establecer acuerdos de libre comercio o la creación de uniones
aduaneras con los estados. Estas diversas opciones no son incompatibles entre
sí, por ejemplo, se podrían firmar acuerdos bilaterales con la UE y también, al
mismo tiempo, con Estados que no están integrados en esta organización, o hacer
simultáneas la pertenencia a la EFTA y al espacio Schengen.
Por otro lado,
según Thorfinnur Omarsson, Cataluña necesitaría la aprobación de los 28 Estados
miembros de la UE y los tres estados de la EFTA en el EEE, Islandia,
Liechtenstein y Noruega para pertenecer a estas organizaciones.
Los
eurocomisarios Olli Rehn y Simon O’Connor señalan q hay dos grupos de
territorios que no son estados miembros pero que utilizan el euro. Por un lado,
Mónaco, Ciudad del Vaticano, San Marino y Andorra, y por la otra, Kosovo y
Montenegro.
Propuesta
La propuesta ofrecida, en el presente
artículo, es la de un referéndum pactado entre las partes. Sin embargo, y
divergiendo de casos como el “Brexit”, se sugiere que las condiciones de
una posible independencia sean delimitadas antes del proceso.
Los principales aspectos que debería
contener la misma, son los siguientes:
En primer
lugar, establecer de forma explícita la condición de Cataluña, como estado
independiente, en caso de que gane la fuerza independentista. Fundamentalmente,
considerar, la probable, salida de la Unión Europea. Así mismo, expresar la
factibilidad de una futura adhesión a la UE, y las condiciones para el uso de
la moneda común.
De igual forma,
es necesario delimitar las alternativas, a una salida de la UE, como la
adhesión a la EFTA , el EEE y las futuras relaciones comerciales con España
–alrededor de dos tercios de las exportaciones catalanas encuentran destino en
la UE, España incluida–. Por otro lado, se debe esclarecer los escenarios que
involucran los derechos de libre tránsito, condición legal de ciudadanos
españoles, y europeos, en general bajo una República Catalana. Por último, se
deben esclarecer las obligaciones como el reconocimiento y pago de deuda al
estado español.
Aunque lo anterior pueda parecer una
extorsión política, es válido mirar los dos últimos procesos similares en
Europa. En 2014, Escocia votó por permanecer dentro del Reino Unido, ya que
ello les permitía continuar dentro de la UE. En dicho proceso no existieron
dudas en torno a una futura independencia, temas como el abandono de la
monarquía, la libra y la UE se zanjaron antes de tomar la decisión.
Paradójicamente, dos años después, el Reino Unido optó por abandonar la UE, en
un referéndum con condiciones claras, más allá de las dificultades en las futuras
negociaciones con la UE.
Especificar la situación en la que
Cataluña se encontrará el día después de la independencia, luego de un
referéndum pactado, juega solo en contra de los independentistas más radicales.
El discurso independentista se ha basado
en una mayor prosperidad fuera de España, fundamentado en el sonado “España nos
roba”, así como las continuas promesas de los principales líderes de que una
potencial DUI sería reconocida, y celebrada, y que no pondría en riesgo bajo
ningún aspecto su pertenencia a la UE. Sin embargo, luego de la DUI, no ha
existido ningún tipo de reconocimiento por parte de otro Estado, al mismo
tiempo que 2.000 empresas abandonaban suelo catalán y la división social se
pronunciaba.
Conclusiones
El fervor producido por las ilusiones
políticas tiene un efecto directo en los resultados económicos, y la calidad de
vida de la sociedad en la cual se desarrollan, el caso de Cataluña no dejará de
ser un ejemplo de ello. Pese a que la situación se ha encauzado hacia un
escenario complicado, y potencialmente irreversible, es necesario que las
decisiones se tomen minimizando pérdidas.
La idea del referéndum pactado, ofrecido
como solución en el presente artículo, se perfila como la opción con un menor
impacto negativo sobre el escenario hispano-catalán. Un referéndum, con
garantías y condiciones establecidas, aliviaría las tensiones entre España y
Cataluña, y dentro de la misma sociedad catalana.
Sin embargo, el referéndum no es una
opción gratuita, ya que conlleva un coste tanto para España como para la UE. En
primer lugar, una victoria independentista colocaría a una nueva República,
reconocida, en una situación de elevada inestabilidad. En segundo lugar,
independientemente del resultado de las elecciones, los incentivos creados por
el referéndum podrían llevar al resto de comunidades autónomas, y varias zonas
de otros países europeos, a exigir un trato similar, colocando la integridad de
la UE en duda.
“La existencia de la realidad es la cosa
más misteriosa, más sublime y más surrealista que se dé”
Salvador Dalí
Autores:
Fidel Álvarez y Luis Ojeda.
Anexos:
Gráfica 1: Exportaciones e importaciones de Cataluña en 2016 .
Gráfica 2: PIB Español y Catalán medido como promedio anual de la tasa de variación anual 2001-2017(I y II trimestres). Expresado en porcentajes.
Gráfico 3: Razón deuda PIB, Española, Catalana y de la Eurozona entre el 2000 y el 2016. Expresada en porcentajes.
Gráfico 4: Tasa de desempleo Española, Catalana, Eurozona y la UE del 2001 al 2016. Expresada en porcentajes
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